Pedro Sánchez ha convocado elecciones. Y con su convocatoria comienza inevitablemente el tiempo del balance.
Ya habrá tiempo para hablar de programas, candidatos, propuestas y del futuro que cada partido quiere ofrecer a España. Pero antes conviene mirar atrás. Porque después de más de ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa, lo verdaderamente importante no es hacer inventario de cada polémica, cada escándalo o cada rectificación. Lo importante es preguntarnos qué le ha ocurrido a España durante todos estos años.
A mi juicio, el daño más profundo no aparece en ninguna estadística. Es el daño causado a la palabra, a las instituciones y a la convivencia.
Pedro Sánchez banalizó la mentira en política. Hizo posible defender una cosa y después exactamente la contraria sin asumir responsabilidad alguna. Prometió no gobernar con Podemos y gobernó con Podemos. Defendió que determinados delitos relacionados con el “procés” debían permanecer en nuestro ordenamiento y posteriormente impulsó su reforma. Rechazó la amnistía antes de las elecciones de 2023 y terminó promoviendo una ley de amnistía después de necesitar los 7 votos de Junts para su investidura.
Ahí estuvo probablemente uno de los momentos que mejor definen esta etapa. Los indultos a los condenados por el “procés” llegaron en 2021. Después se reformó el Código Penal, desapareció el delito de sedición, se modificó la regulación de la malversación y finalmente llegó la amnistía.
Cada decisión tuvo su explicación oficial. Cada una tuvo también sus defensores (estómagos agradecidos o hooligans cafeteros). Pero para muchos españoles quedó instalada una pregunta mucho más difícil de borrar: ¿habrían ocurrido todas ellas si Pedro Sánchez no hubiera necesitado determinados votos para mantenerse en La Moncloa?
Ese es uno de los grandes problemas que deja esta etapa. No solamente las decisiones adoptadas, sino la sospecha permanente de que las convicciones podían modificarse en función de las necesidades parlamentarias. Cuando la palabra pierde valor, termina perdiéndolo también la política.
Después llegó el deterioro institucional.
Hemos vivido años de ataques extraordinariamente duros del Gobierno a los jueces, medios de comunicación, oposición e instituciones del Estado. La discrepancia política se convirtió demasiadas veces en descalificación. El adversario dejó de ser alguien que piensa diferente para convertirse en alguien situado al otro lado de un “muro” que Sánchez, el PSOE y esa mal llamada «coalición progresista», levantó.
Esa palabra, muro, resume demasiado bien esta época. Porque un presidente del Gobierno debe intentar derribar los muros que existen entre españoles, no levantarlos.
España necesita discrepancia. Necesita izquierda y derecha. Necesita Gobierno y oposición. Necesita medios críticos. Necesita jueces independientes. Necesita una sociedad civil que pueda incomodar al poder. Lo que no necesita es que media España considere sospechosa, enemiga, apestada… a la otra media.
También las instituciones han sufrido un desgaste difícil de ignorar. Durante esta etapa, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos determinados preceptos del primer estado de alarma al considerar que las restricciones impuestas a la libertad de circulación tuvieron una intensidad que excedía lo permitido bajo el estado de alarma.
Más recientemente hemos asistido a una situación sin precedentes: el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados, imponiéndole dos años de inhabilitación.
Alrededor del Gobierno y del PSOE se han sucedido investigaciones y procedimientos judiciales que han afectado a personas que ocuparon posiciones de enorme responsabilidad política y al propio entorno familiar del presidente. Cada persona debe responder únicamente por sus actos y siempre debe respetarse la presunción de inocencia cuando no existe sentencia firme. Pero políticamente resulta imposible sostener que todo ello no ha contribuido al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y en la política.
Incluso algo tan elemental en una democracia parlamentaria como aprobar unos Presupuestos Generales del Estado se convirtió en excepcional. España ha llegado a 2026 con las cuentas de 2023 prorrogadas y el Gobierno volvió a incumplir en septiembre el plazo constitucional para presentar las correspondientes a 2027.
Pero quizá ninguna cuestión simbolizó mejor los errores legislativos de estos años que la llamada ley del “solo sí es sí”. Una ley concebida para proteger a las mujeres produjo un efecto que nadie debería minimizar, ni olvidar: según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial hasta septiembre de 2023, los tribunales habían acordado 1.205 reducciones de condena a agresores sexuales y 121 excarcelaciones.
Después está la convivencia. Durante años se nos dijo que había que rebajar la tensión política. Sin embargo, España terminó instalada en una polarización permanente. Memoria contra memoria. Bloques. Unos españoles frente a otros.
Se ha gobernado demasiadas veces buscando identificar un enemigo al que responsabilizar de cada problema. Y así resulta imposible construir un país. Porque gobernar España significa gobernar también para quien jamás te votará. Significa entender que las instituciones no pertenecen temporalmente a quien ocupa La Moncloa. Que el Parlamento no es un inconveniente. Que los jueces no son enemigos cuando investigan al poder. Que los periodistas no producen “fango” simplemente porque publiquen aquello que incomoda. Y que la Constitución no es un obstáculo que sortear, sino el espacio común dentro del que debemos convivir.
Pedro Sánchez ha reivindicado este 5 de octubre sus «logros» y ha convocado las elecciones afirmando que ha llegado el momento de que los españoles decidan el futuro que desean. En esto último tiene razón.
Pero antes de hablar del futuro conviene recordar el pasado. Porque el balance de un Gobierno no puede reducirse a estadísticas, porcentajes, anuncios o grandes cifras presentadas desde una tribuna. Hay cosas mucho más difíciles de contabilizar y, sin embargo, mucho más importantes para la salud de un país. Una democracia se sostiene sobre la confianza en las instituciones, el respeto a la palabra dada, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la voluntad de convivir con quien piensa diferente. Y esos bienes, cuando se deterioran, tardan muchos años en reconstruirse. Ese es, para mí, el balance más preocupante de estos años.
Sánchez llegó a La Moncloa prometiendo regenerar la política española. Se marcha hacia unas elecciones dejando una España profundamente enfrentada, unas instituciones sometidas a una tensión extraordinaria y una política en la que demasiadas cosas que antes parecían inaceptables terminaron convirtiéndose en normales.
Ese quizá sea su legado más profundo: haber ensanchado hasta límites insospechados la frontera de lo políticamente aceptable. Ahora debería comenzar otra etapa. Y España necesitará algo más importante que cambiar un Gobierno. Necesitará recuperar la confianza, reconstruir los consensos y volver a creer que gobernar no consiste en dividir a los españoles para conservar el poder, sino en unirlos para construir un país.
Lucas Castillo Rodríguez
Presidente del Partido Popular de Guadalajara
y Senador por la provincia
