Ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los españoles vuelven a tener la palabra. Por fin, elecciones. Y con ellas, la oportunidad de exigir. Es el momento de pedir resultados, explicaciones y responsabilidades. Porque gobernar no consiste en administrar titulares, sino en resolver problemas, respetar las instituciones y responder ante los ciudadanos.
La vivienda es uno de los ejemplos más evidentes de una gestión cuyos resultados merecen un examen riguroso. El Gobierno socialista ha multiplicado los anuncios y las medidas sobre el alquiler, mientras miles de jóvenes siguen encontrando enormes dificultades para emanciparse y numerosas familias destinan buena parte de sus ingresos a mantener un techo. Los decretos de Sánchez plantean una cuestión de fondo: intervenir en el mercado sin resolver la escasez de oferta terminará perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger. La seguridad jurídica, la construcción de vivienda asequible y los incentivos para ampliar la oferta no pueden quedar relegados a un segundo plano.
La convocatoria de una huelga general invita también a reflexionar sobre el papel de los sindicatos. ¿Han mantenido durante estos ocho años el mismo nivel de exigencia frente al Gobierno? Defender los derechos de los trabajadores exige independencia, coherencia y capacidad para reclamar soluciones con independencia de quién gobierne. Los sindicatos deben representar a quienes trabajan, no actuar condicionados por las estrategias de quienes ocupan el poder.
En Ceuta, la responsabilidad del Ejecutivo es igualmente irrenunciable. La defensa de nuestra soberanía, la seguridad de nuestras fronteras y las relaciones con Marruecos requieren claridad, firmeza y transparencia. España necesita una política exterior que combine el respeto a la dignidad humana con la defensa inequívoca de nuestros intereses. En cuestiones de Estado, la confianza se construye con decisiones coherentes, no con silencios ni ambigüedades.
Pero sería un error reducir el balance de estos ocho años a la vivienda, el empleo o la política exterior. Porque lo que España debe examinar va mucho más allá de la gestión. También afecta a la calidad de nuestra democracia, a la independencia de la Justicia y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La corrupción ha dejado de ser un problema que Pedro Sánchez pueda despachar señalando a sus adversarios. Su hermano, su mujer y quienes ocuparon los puestos de máxima confianza en su partido y en su Gobierno han quedado vinculados a distintos procedimientos judiciales. No todos se encuentran en la misma situación procesal, y esa distinción es imprescindible. Pero hay una pregunta política que Sánchez no puede seguir eludiendo: ¿qué responsabilidad asume un presidente cuando las investigaciones alcanzan a su círculo familiar y a sus colaboradores más cercanos? La presunción de inocencia protege a cada investigado, pero no exime al presidente de dar explicaciones. La responsabilidad penal la determinarán los tribunales. La responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que se dicte la última sentencia.
Especialmente preocupantes son las informaciones conocidas sobre las presuntas maniobras de intimidación contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno. La magistrada ha relatado ante la Justicia situaciones de vigilancia y temor por su seguridad y la de sus hijas. Las investigaciones deberán esclarecer quiénes participaron, qué pretendían y si existieron amenazas o planes de violencia contra ella.
Que una jueza pueda sentirse amenazada por investigar hechos relacionados con personas próximas al poder es una cuestión de extraordinaria gravedad democrática.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía de libertad para todos los españoles. Porque cuando se cuestiona la capacidad de un juez para investigar sin presiones, lo que se pone en cuestión es la igualdad de todos ante la ley.
Y ahí reside una de las reflexiones más importantes de este momento político. La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en aceptar los límites del poder, respetar la separación de poderes, garantizar la independencia de los tribunales y asumir que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley.
A todo ello se suma el deterioro del diálogo institucional, la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y una confrontación política que demasiadas veces desplaza los problemas reales de los ciudadanos.
No deberíamos acostumbrarnos a que las investigaciones por corrupción se conviertan en una sucesión interminable de titulares, a que las denuncias de amenazas contra quienes imparten justicia formen parte de la actualidad política o a que cualquier exigencia de explicaciones termine convertida en un enfrentamiento entre bloques.
El verdadero riesgo para una democracia comienza cuando dejamos de exigir aquello que siempre hemos considerado imprescindible: ejemplaridad, transparencia, independencia judicial y respeto a las instituciones.
Por eso, estas elecciones representan mucho más que la oportunidad de hacer balance de una legislatura. Los ciudadanos podrán valorar ocho años de decisiones, promesas y resultados, pero también la forma de ejercer el poder, la respuesta ante los casos de corrupción y el compromiso de cada formación política con las garantías democráticas.
España necesita recuperar la confianza en la política y en quienes ejercen responsabilidades públicas. Una confianza que no se recupera con otro eslogan, con un nuevo decreto ni con una campaña de comunicación. Se recupera con hechos, con responsabilidad, con transparencia y con respeto a las reglas que nos protegen a todos.
No son unas elecciones más. No está en juego únicamente el balance de ocho años de gestión. También está en juego la confianza de los españoles en sus instituciones y en el funcionamiento de nuestra democracia.
Porque gobernar es dar certezas. Respetar la democracia es aceptar los límites del poder. Y rendir cuentas es la primera obligación de quien gobierna.
Por fin, elecciones. Por fin, la palabra vuelve a los españoles.
Itziar Asenjo
Diputada del PP-CLM por Guadalajara y Portavoz provincial
