• El portavoz del Grupo Popular, Mane Corral, se ha referido, entre otros asuntos, al caso de la venta de una parcela municipal al Ministerio para la construcción de un centro de atención a inmigrantes mediante decreto del alcalde, sin someter dicha decisión ni al Pleno ni a la Junta de Gobierno Local, como exige la normativa
• También a la “reducción unilateral de un complemento salarial en la nómina de dos agentes de la Policía Local que estaban de baja laboral”, por la que el Ayuntamiento ahora ha sido condenado a devolver las cantidades y a asumir las costas del proceso judicial
• Desde el PP consideran al actual gobierno “cómplice” de las acciones anteriores y defienden “que se estudien, y emprendan en su caso, acciones legales en virtud de los intereses de la Corporación y depurar responsabilidades por los perjuicios ocasionados”
24 de marzo de 2025.- El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presentará en el próximo Pleno una moción de reprobación a la gestión “desleal y perjudicial” del ex alcalde socialista José Luis Blanco y su equipo de gobierno hacia los vecinos de Azuqueca. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa su portavoz, Mane Corral, quien considera que “la gestión arbitraria, opaca y contraria a los principios de legalidad y buen gobierno” del anterior equipo de gobierno, algunos de cuyos concejales siguen hoy ejerciendo responsabilidades municipales, ha sido “totalmente nociva” para los intereses de los azudenses.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, acompañado de las concejalas del PP Raquel Martín y Laura Pérez, ha explicado que uno de los hechos más significativos ha sido la venta de una parcela municipal al Ministerio de Inclusión Social y Migraciones para la construcción de un centro de atención a inmigrantes. Esta operación, tal y como ha explicado Corral, “se realizó mediante un decreto firmado por el propio alcalde, sin someterla a la aprobación del Pleno Municipal ni de la Junta de Gobierno Local, como exige la normativa”. Tal es así que incluso el actual equipo de gobierno ha calificado esta acción como un "abuso manifiesto de Derecho", señalando que vulnera los artículos 22 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que estipulan la necesidad de debatir y aprobar decisiones de esta relevancia en los órganos colegiados municipales.
Sin embargo, gran parte del equipo de gobierno actual “defendió y justificó, con pleno conocimiento de las consecuencias” esta operación a través del concejal David Pinillos, quien argumentó que la decisión se enmarcaba “en un compromiso unánime del Pleno para facilitar la atención a refugiados”.
Corral ha incidido en que “Izquierda Unida, que hoy forma parte del equipo de Gobierno, fue una de las formaciones que con mayor firmeza, junto al Partido Popular, denunció en su momento la falta de transparencia y legalidad en este proceso”. En todo momento, ha apuntado, “expresó su rechazo a la construcción del centro de acogida sin el necesario consenso ciudadano, y alertó sobre las irregularidades cometidas por el ex alcalde José Luis Blanco”. Por ello, a juicio de los concejales del PP, “se hace necesario ser consecuentes con aquella denuncia”.
Desde el PP consideran que la gestión de Blanco y su equipo estuvo protagonizada por “decisiones unilaterales y arbitrarias, que vulneraron la legalidad vigente, causando un grave perjuicio al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares”, porque “así se desprende de las resoluciones aprobadas por el Pleno, los comunicados oficiales del equipo de gobierno y los procedimientos judiciales en curso”. Y que los integrantes actuales del gobierno con el alcalde Miguel Óscar Aparicio a la cabeza son “cómplices” y “han callado para poder seguir en sus sillones”.
El Ayuntamiento, condenado
Otro caso destacado de esta forma de actuar, “es la reducción unilateral de un complemento salarial en la nómina de dos agentes de la Policía Local que estaban de baja laboral”. Corral ha subrayado que “esta medida, adoptada sin respaldo jurídico ni procedimiento administrativo adecuado, fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, que la declaró ilegal”. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha sido condenado a devolver las cantidades descontadas indebidamente y a asumir las costas del proceso judicial. “Esta actuación vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza la seguridad jurídica, y el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que exige motivar cualquier resolución administrativa que afecte derechos económicos de los ciudadanos”, ha explicado.
Igualmente, ha señalado, “cabe destacar la responsabilidad ineludible de los concejales que formaban parte del equipo de Gobierno en aquel momento, quienes, con su silencio o inacción, permitieron que estas decisiones unilaterales y arbitrarias se llevaran a cabo sin la debida fiscalización ni corrección”. “Si el señor Blanco actuó de espaldas a los órganos de control municipal, resulta legítimo preguntarse por qué aquellos concejales que hoy denuncian estas irregularidades no actuaron en su momento para impedirlas o, al menos, advertir de sus consecuencias a los vecinos de Azuqueca”, ha apuntado el portavoz del PP en el Ayuntamiento.
El PP pedirá que se estudien, y emprendan en su caso, acciones legales
Por todo ello, el PP presentará una moción para reprobar toda esta gestión y para instar al actual equipo de Gobierno a esclarecer y asumir su responsabilidad por haber sostenido estas prácticas durante los últimos años sin adoptar las medidas correctivas oportunas. También se incluye entre los acuerdos “exigir la implementación de mecanismos de control más estrictos que garanticen la legalidad y transparencia en la toma de decisiones municipales, conforme a lo estipulado en la normativa vigente” y “solicitar a los concejales que formaban parte del anterior equipo de gobierno que expliquen públicamente las razones de su inacción ante las prácticas unilaterales del ex alcalde y asuman las consecuencias de su pasividad”.
Por último, pedirán instar a que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares estudie y, en su caso, emprenda las acciones legales necesarias para defender los intereses de la corporación y depurar responsabilidades por los perjuicios ocasionados por la gestión de José Luis Blanco y su equipo de gobierno.
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