La Diputación pide el mantenimiento del convenio sanitario con Madrid en defensa de todos los vecinos de Guadalajara

| 20-11-2015

• Se instará a la Junta de Castilla-La Mancha a continuar con la aplicación del convenio sanitario con Madrid en toda su extensión, cumpliendo los plazos y condiciones ya aprobados por ambas comunidades autónomas

Guadalajara, 20 de noviembre de 2015. El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado una propuesta, a instancias del Grupo Popular, para el mantenimiento del convenio sanitario con Madrid en defensa de la sanidad para todos los ciudadanos de Guadalajara.

Así, la Institución ha mostrado su apoyo al manifiesto de la Plataforma Ciudadana en defensa del Convenio Sanitario con Madrid dejando constancia que comparte sus objetivos e iniciativas, y se compromete a dar difusión de comunicación y apoyo a las acciones promovidas desde la Plataforma en defensa de dicho convenio. Del mismo modo, se insta a la Junta a continuar con su aplicación en toda su extensión, cumpliendo los plazos y condiciones ya aprobados por ambas comunidades autónomas.

El diputado del Grupo Popular Francisco Javier Pérez se ha referido al manifiesto de la Plataforma mostrándose de acuerdo con que “el acceso a los servicios sanitarios es una prioridad para todos los ciudadanos, que demandan su derecho a una atención sanitaria cercana y de calidad”. En este sentido, no se comprende “el voto en contra del Grupo Socialista y de Ahora Guadalajara cuando lo que estamos pretendiendo es velar y garantizar un derecho recogido en la Constitución española”.

“Los habitantes de la provincia de Guadalajara y de los municipios del norte de Toledo, que limitan con la Comunidad de Madrid, han reclamado históricamente su derecho a recibir atención sanitaria en el hospital más cercano, sin tener en cuenta a qué comunidad autónoma se pertenece”, ha leído Pérez del Saz, lamentando que “las Cortes de Castilla-La Mancha acordaran el pasado 1 de octubre la suspensión del convenio sanitario, lo que priva a 350.000 personas del derecho a recibir atención sanitaria en el hospital más cercano, ocasionándonos un grave perjuicio y gran preocupación”. Por ello, el diputado ha calificado esta medida de “antisocial”, al igual que la ha calificado la Plataforma, tomada además de forma “unilateral y motivada por intereses ajenos a la prestación asistencial sin priorizar la salud de los vecinos” y “reavivando el fantasma de los problemas en la atención sanitaria en las poblaciones fronterizas con otras comunidades autónomas”.

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