El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha rechazado hoy, con el voto en contra del PSOE, la moción del Grupo Popular para crear tres líneas de ayudas dirigidas a los ayuntamientos de la provincia: una para el mantenimiento de los colegios públicos rurales, otra para los consultorios médicos locales y una tercera para el sostenimiento de las escuelas infantiles municipales.
La iniciativa ha sido defendida por el portavoz del PP en la institución provincial, Román García, quien ha reprochado al Grupo Socialista “que prefiera entregar dinero a la Junta para pagarle las inversiones que esta administración tiene que hacer en los colegios y consultorios, en vez de apoyar a los ayuntamientos en lo que de verdad es de su competencia, es decir, en lo que les corresponde asumir a ellos”.
Durante su intervención, el portavoz popular ha defendido “la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, con independencia del municipio en el que residan”, y ha reclamado “garantizar unos servicios públicos básicos y de calidad en todo el territorio”. Una necesidad que adquiere especial relevancia en Guadalajara, caracterizada por una elevada dispersión territorial y por numerosos municipios de reducida población, donde mantener estos servicios supone un importante esfuerzo económico para los consistorios. Se trata, según García, de “un derecho de los vecinos y, al mismo tiempo, de una herramienta fundamental para combatir la despoblación”.
El texto de la moción recogía que los ayuntamientos rurales soportan gastos vinculados a servicios cuya planificación y prestación corresponde a otra administración, y que ese esfuerzo se extiende también a pequeñas actuaciones de inversión y mejora necesarias ante la falta de actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en muchas ocasiones.
Convocatorias con criterios objetivos
La moción proponía que la Diputación se comprometiera a crear una línea de ayudas para los colegios públicos del ámbito rural, otra para los consultorios médicos de los municipios de menor población y una tercera para las escuelas infantiles, atendiendo en este caso a los costes del tramo de 0 a 2 años soportados por los ayuntamientos.
Para ello, explicaba García, “se establecerían convocatorias dirigidas a municipios de hasta un determinado límite de población, con bases y criterios objetivos, y se realizarían las modificaciones presupuestarias necesarias para dotarlas económicamente y ponerlas en marcha cuanto antes”.
“El papel de la Diputación es asistir a los ayuntamientos en las competencias que realmente son locales, los cuales en la práctica están soportando estos costes y que, tal y como contempla la Ley de Bases del Régimen Local, deben recibir el apoyo económico de las diputaciones con cargo a sus propios recursos”, ha señalado el portavoz popular.
